"El hecho de que más de 7.000 personas mueran en su intento por salvar vidas constituye una crisis a escala asombrosa", así lo destaca un nuevo análisis de Amnistía Internacional, que revela que al menos 7.000 trabajadores de la salud han muerto en todo el mundo tras enfermar por COVID-19. México es el país con la cifra más alta, con 1.320 víctimas fatales, seguido por Estados Unidos (1.077 fallecimientos) y Brasil (634), otros países del continente refieren menos decesos.[1]
Según datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México y Estados Unidos representan casi 85% de los fallecimientos en la región.[2] La directora de la organización, Dra. Carissa Etiene, alertó que casi tres cuartas partes de los trabajadores de la salud diagnosticados con COVID-19 son mujeres y que el continente americano es el que tiene el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo.
Datos incompletos
"Las comparaciones entre países en términos absolutos distan de la realidad", comentó el especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador del programa de respuesta al COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Ponce de León consideró que esta comparación expresa la falta de uniformidad en los ámbitos económico, social, de estructura de salud, y capacitación de personal sanitario, pero también en los sistemas de información y vigilancia.
De hecho, Amnistía Internacional, que ofrece un mapa global interactivo de los casos actualizados, destaca que el registro detallado de las muertes de trabajadores de la salud de México es ejemplar. "Esa transparencia es esencial, y todos los países deberían poner a disposición este tipo de detalles; también puede explicar las inquietantes cifras de México en relación con otros países".
En algunos países el número de fallecimientos en personal de la salud puede ser reflejo de la gravedad de la pandemia. En otros, falta de entrenamiento o acceso a equipos de protección personal adecuados o plan de realización de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Además, no existe una única definición universal de "trabajador de la salud".
De las víctimas se dice que son personas y no números, pero a veces ni siquiera eso, porque muchos países no cuentan con datos oficiales completos. El mapa de Amnistía Internacional se realiza con información oficial complementada con datos de otras fuentes, como páginas conmemorativas, listados de asociaciones y sindicatos médicos, y hasta obituarios publicados en medios de comunicación.[1]
Por ejemplo, de Perú toma datos del Colegio Médico; de Brasil, del Sindicato de Médicos de Sao Paulo; de Bolivia, del Consejo Federal de Enfermería y de la Confederación Sindical; en Chile y Argentina usa datos propios y oficiales; de Venezuela, la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, y para Ecuador, Uruguay y Puerto Rico.
Incluso para Estados Unidos, Amnistía destaca que una investigación de The Guardian y Kaiser Health News identificó en determinado momento casi el doble de fallecidos (1.077 frente a 670) que lo relatado por Centers for Disease Control and Prevention.
¿Cuál es la situación en Argentina?
El Dr. Jorge Coronel, especialista en terapia intensiva y presidente de la Confederación Médica de la República Argentina, puntualizó: "No sabemos qué porcentaje del personal de salud argentino está afectado, y no tenemos la cifra exacta de los fallecimientos de los médicos. Por la información que nos llega de las filiales sabemos que fallecieron más de 80 trabajadores de la salud y consideramos que casi 50% corresponde a médicos".
Los datos que divulga diariamente el Ministerio de Salud refieren que el personal de salud comprende aproximadamente 7,5% de los infectados, "pero los insumos son insuficientes, las pruebas deficientes (dependen de cada jurisdicción); de manera general, en varias áreas del país la prueba se realiza solo a los que tienen síntomas, y debido a todo esto no sabemos el número real de infectados. La situación es complicada", señaló el Dr. Coronel.
¿Y... en Venezuela?
De acuerdo a datos de Médicos Unidos por Venezuela, en el país habría casi 100 médicos fallecidos, número más de diez veces superior de lo que reconocen las autoridades. Desde Caracas, el Dr. Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización, que evalúa y compila información de otras organizaciones y colegios profesionales, explicó: "Hasta el día de hoy (9 de agosto) teníamos contabilizados 95 colegas fallecidos, de un total de 134 profesionales de la salud. Recién recibimos reportes de varios casos, pero falta hacer la revisión; esto dista mucho del informe del gobierno, que indica solo 10 personas fallecidas en el sector salud".
Para considerar que un caso es COVID-19, Médicos Unidos por Venezuela toma en cuenta tres aspectos primordiales:
- Diagnóstico epidemiológico: si la persona tiene familiares con COVID-19, dónde vive, tipo de trabajo que realiza.
- Diagnóstico clínico: síntomas, laboratorio e imágenes.
- Ingreso en un área COVID, donde se ofrece tratamiento.
"Ese es para nosotros un paciente COVID-19, independiente de la prueba", destacó.
El Dr. Lorenzo indicó que en Venezuela hay pocos laboratorios para realizar las pruebas, y los resultados tardan entre 10 y 15 días, lo que sin duda influye en el retraso en la notificación. "Asimismo, debemos considerar a quienes no van a trabajar y no explicaron el motivo; a veces se ocultan porque en las redes sociales circula la información de que los centros de aislamiento para los infectados sin síntomas importantes se alojan en condiciones inhumanas".
El origen de la vulnerabilidad
Estar en la línea del frente de la atención es factor de riesgo en todo el mundo, pero a los profesionales de la salud los afecta en distinto grado. El Dr. Ponce de León reconoce dos fases de riesgo para México. La primera, que se dio por insuficiencia de equipos de protección personal y desconocimiento del manejo de estos, así como del riesgo epidemiológico. Y la actual, con cantidad suficiente, aunque no óptima, de equipos de protección personal, pero sin haber resuelto la capacitación del personal en el manejo correcto y la percepción de los riesgos.
Destacó que México es un país con infraestructura médica deficiente, que cuadruplicó la capacidad de atención hospitalaria con apoyo de ventilación invasiva, pero que "en las áreas de atención COVID-19 se instruyó de manera muy superficial, frágil, tanto en el manejo de precauciones y de equipos de protección personal, como en el control de infecciones".
El Dr. Ponce de León agregó otro aspecto que impacta negativamente: "Puede no ser tan visible en la abrumadora realidad, pero todos los programas de prevención y control de infecciones se han minimizado o han desaparecido, así como el manejo racional de antibióticos. Los protocolos quedaron pulverizados y hay indicadores de alta tasa de complicaciones de infecciones bacterianas adquiridas dentro del hospital por pacientes con COVID-19".
"El reto es grande. Tendremos que mantener apoyo continuo con los suministros, y un proceso de educación permanente. Hay un pensamiento mágico que se sobrepone a la realidad. La sociedad mexicana tiene dificultad para reconocer los riesgos; incluso los médicos, a pesar de la situación epidemiológica, a veces no piensan que un paciente que tienen frente puede tener COVID-19", agregó.
Argentina es un ejemplo de los países que tardaron en contar con un número importante de casos, lo que significa que tuvo meses para prepararse. "En muchas jurisdicciones no se ha actuado adecuadamente para proteger a sus equipos de salud", señaló el Dr. Coronel.
"El principal motivo es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva", expresa un comunicado público de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva donde el personal de salud refiere:[3] "Estamos al límite de nuestras fuerzas, asolados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes".
El comunicado también destaca la necesidad de los intensivistas de tener más de un trabajo, por recibir salarios increíblemente bajos. Profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata expresaron su preocupación, señalando que "con el agotamiento físico y mental es más probable que se cometan errores que lleven a enfermar y morir".[4]
El Dr. Coronel indicó varios ejemplos de falta de planificación. Uno de ellos: la provincia de Santa Cruz (población estimada 365.000 habitantes) que antes de la pandemia tenía apenas siete médicos especialistas en terapia intensiva, pero que algunos no eran de la zona y se volvieron a su lugar de origen, y otros enfermaron. Quedaron dos.
"Nuestra preocupación es que se brinden recursos de protección y equipos de recambio para permitir los descansos. El recambio tendría que haber sido planificado en los meses que pasaron. En algunos lugares se está viendo que preparan a médicos recién recibidos para que colaboren en los lugares críticos, pero el nivel de recurso humano que se necesita para terapia intensiva es muy difícil de lograr", destacó.
En España, donde llevan más tiempo enfrentando al SARS-CoV-2, la situación no es tan distinta. Contabilizan 62 médicos fallecidos, pero la situación que están viviendo los profesionales de la salud en esta segunda ola dista de ser la adecuada, refirió la Dra. María José Campillo Palomeras, que respondió a la entrevista como representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
"Cuando empezó la pandemia fue evidente que España no había hecho los deberes. El material de protección era escaso y no había protocolos sobre el uso en atención primaria. De allí surgen los 52.000 trabajadores de la salud contagiados. Ahora hay material de protección, pero se enfrenta la segunda ola en las mismas condiciones de la primera, en lo que hace al trabajo: muchas horas con déficit importante de médicos a nivel nacional". La Dra. Campillo destacó que antes de la pandemia había un déficit de 12.000 a 15.000 médicos y ahora se necesitarían 20.000 más.
"La administración no toma en cuenta la opinión de los médicos ni sus necesidades. No hay rastreo. Mientras la mayoría de las empresas hace pruebas de reacción en cadena de la polimerasa periódicas a sus trabajadores, no hay testeo periódico para los que trabajan con COVID-19. Más de 50% de los médicos de España es mayor de 50 años, es decir, integra una población de más vulnerabilidad", destacó.
Los testimonios obtenidos en México, España, Argentina y Venezuela, coinciden con los aspectos destacados por la OPS, que alerta que muchos trabajadores de la salud fueron redirigidos a la respuesta al brote sin la capacitación suficiente para protegerse y muchos países fueron lentos en implementar protocolos de triaje. Respecto al déficit de personal, en Latinoamérica y el Caribe hay solo 20 médicos por 10.000 personas (la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 por 10.000).
Impacto mental y psicológico
Un grupo brasileño sistematizó las evidencias de 160 trabajos internacionales que evaluaron el trabajo en la línea de frente.[5] El riesgo de infección es el principal problema que ha llevado a la ausencia del trabajo, la enfermedad y la muerte, pero también destaca la intensa angustia psicológica, expresada en ansiedad generalizada y trastornos del sueño, miedo a enfermarse e infectar a colegas y familiares.
Los factores que contribuyen al sufrimiento psicológico de quienes brindan atención directa a pacientes con COVID-19 serían:[6]
- Esfuerzo emocional y agotamiento físico en el cuidado de un número creciente de pacientes con enfermedades agudas de todas las edades, que pueden deteriorarse rápidamente.
- Cuidar a los compañeros de trabajo, que pueden enfermar gravemente y a veces morir de COVID-19.
- Escasez de equipo de protección personal, que aumenta el miedo a la exposición al coronavirus en el trabajo, causando enfermedades graves.
- Preocupación por infectar a familiares, especialmente a parientes mayores, inmunocomprometidos, o con enfermedades crónicas.
- Escasez de respiradores y otros equipos médicos cruciales para la atención de pacientes en estado crítico.
- Ansiedad por asumir roles clínicos nuevos o desconocidos, y cargas de trabajo ampliadas en el cuidado de pacientes con COVID-19.
- Acceso limitado a los servicios de salud mental para controlar la depresión, la ansiedad y la angustia psicológica.
La pandemia se extiende más de lo esperado y el trabajo se realiza en condiciones inseguras y estresantes. La OPS recomienda mejorar los programas de salud ocupacional para garantizar condiciones de trabajo seguras y un salario justo para los trabajadores de la salud, turnos regulares y, en caso de enfermedad, recursos, ayuda y compensación adecuada y merecida.
Referencias
Amnistía Internacional. Global: el análisis de Amnistía revela que más de 7.000 trabajadores sanitarios han muerto a causa del COVID-19. Publicado el 3 de septiembre de 2020. Consultado en versión electrónica. Fuente
Organización Panamericana de la Salud. Rueda de prensa semanal sobre la situación de COVID-19 en la Región de las Américas. Consultado en versión electrónica. Fuente
Reina, R. Chiappero, G. Comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a la Sociedad Argentina
Universidad Nacional de La Plata. En el contexto dramático de una de las crisis sanitarias más graves de la historia argentina, profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata quieren expresar su extrema preocupación por la situación actual. Consultado en versión electrónica. Fuente
Teixeira CFS, Soares CM, Souza EA, Lisboa Es, y cols. The health of healthcare professionals coping with the Covid-19 pandemic. Cien Saude Colet. Sep 2020;25(9):3465-3474. doi: 10.1590/1413-81232020259.19562020. PMID: 32876270. Fuente
Avanian JZ. Mental Health Needs of Health Care Workers Providing Frontline COVID-19 Care: Editor's Comment COVID-1. JAMA. 1 Abr 2020. Fuente
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